Los Centros de Orientación Familiar (COF): aproximación global e implicaciones jurídicas

La Orientación Familiar y Conyugal estructurada cobra fuerza a partir de los años setenta, con bases científicas y racionales así como personal especializado en Ciencias de la Familia. A día de hoy, y en varios países, la Orientación Matrimonial y Familiar constituye una disciplina reconocida en el ámbito académico , formando parte los COFs en del sistema público de Servicios Sociales como servicios especializados para la familia. No en vano el Consejo de Europa, en Recomendación de la reunión celebrada en Estrasburgo el 2 de septiembre de 1974 , afirmaba a este respecto que el orientador familiar es aquel profesional que tiene la visión amplia y general de la problemática familiar, pudiendo actuar en muchos casos como un mediador imparcial en las complejas cuestiones a las que se enfrenta la familia actual.Paralelamente al avance de la disciplina académica de la Orientación Familiar, se demanda con mayor fuerza la existencia de los COF o Centros de Orientación Familiar, como servicio especializado, profesionalizado e interdisciplinar a ofrecer a las familias en la resolución de sus conflictos. La complejidad cada vez mayor de todas aquellas cuestiones relacionadas con la familia y el desarrollo de sus diferentes ciclos vitales aparece por lo tanto en la génesis de los centros de orientación familiar, en la búsqueda de un inestimable recurso social de apoyo. En España, ha sido relevante el I Congreso Estatal de Organismos Familiares de la Unión Internacional de Organismos Familiares (UIOF), celebrado en Madrid del 17 al 20 de diciembre de 1987. Se pedía la creación de COFs a la Administración española, que prestara un asesoramiento global a la familia en la prevención, educación y asesoramiento terapéutico. Algunas expresiones que allí se acuñaron fueron “…constatamos la ausencia de especialistas en familia…”, “…profesionales especialmente formados en asesoramiento y orientación familiar”…La acepción más comúnmente aceptada para el término COF se refiere a los consultorios familiares de inspiración en las raíces de la civilización europeo-occidental, en los que se centrará el trabajo de investigación, que se caracterizan por la atención prestada a la prevención y a los problemas de formación, integrando de esta manera la acción socio-psicológica y sanitaria más propia y específica de los consultorios de carácter público. Las herramientas del diálogo, de la escucha activa y del counseling, colaboran en el objetivo principal de recuperar la dimensión armónica de cada persona y familia. No se estaría hablando tanto de diferentes modalidades de intervención técnica y protocolizada–que las hay- sino de centrar el interés en cada caso personal en concreto, con el protagonismo de cada persona que acude a estos centros. Esta consideración convierte a las personas en objetivo prioritario, frente al concepto de “paciente” propio de un consultorio público. La patología, diagnosis o terapia no se constituyen por lo tanto en el objetivo esencial de la consulta, sino que se estaría hablando también de orientación, formación y testimonio del valor del equilibrio personal y familiar. Aquel lugar al que se acude como protagonista, no como paciente, en situaciones críticas – pero comunes – que pueden darse en la vida familiar, sin llegar a constituir patologíasLa colaboración de estos centros puede reforzar aspectos algo más difíciles de abarcar en su totalidad en la atención socio sanitaria actual, como la intervencion en las crisis de los diferentes subsistemas, conyugal, parental, filial, fraternal, intergeneracional, contemplando dimensiones humanas constitutivas tan importantes como el contexto escolar, la familia extensa, la monoparentalidad… La salud familiar como bien social, derecho para todos que exige calidad y equidad: Dentro del proceso de transformación que la OMS propone para el modelo de salud, este proyecto enfrenta y asume estos nuevos paradigmas de salud, al ser estratégico, permitir un aumento de la resolutividad familiar y de recursos a su alcance, y por ende, la reducción del gasto sanitario en atención médica y farmacológica.Los principales objetivos de la investigación han sido los siguientes: Profundizar en la realidad social y jurídica de estos centros de atención a la problemática familiar buscando producir una revalorización de los mismos, que beneficie a los agentes sociales y a las estructuras jurídicas en su conjunto. Valorar como la incardinación de estos centros en el tejido social puede reforzar aspectos esenciales, pero difíciles de abarcar en la atención socio sanitaria actual, como la colaboración en las crisis de los diferentes subsistemas, conyugal, parental, filial, fraternal e intergeneracional. Analizar el régimen jurídico y organización de los COFs, como centros de apoyo psico-social y con posibilidad de proyección jurídica en diferentes ámbitos (jurídico, social, sanitario…). Profundizar en la labor de los COFs como medida extrajurisdiccional de resolución de conflictos, y la posibilidad de que formen parte de las estructuras pastorales previas, al amparo de la carta apostólica del Papa Francisco: Mitis Iudex Dominus Iesus (EDL 2015/266016) referida a la reforma de los procesos de nulidad matrimonial en el ámbito de la Iglesia católica de rito latino, que contempla la figura de la investigación pastoral prejudicial. El trabajo presenta numerosas conclusiones y propuestas "de lege ferenda" en referencia a los objetivos planteados.<br /

Córdoba en el siglo XX (1929-2002): poder económico y humanismo ético: comunión y controversia

El objetivo esencial de esta tesis es la interpretación de las claves que configuran un periodo capital de la historia de Córdoba, teniendo como eje la biografía de Miguel Castillejo, presidente de CajaSur, quien puede considerarse uno de sus principales artífices. El trabajo se inicia en las postrimerías de la dictadura de Primo de Rivera y nos acerca hasta el tiempo presente, principiado ya el tercer milenio. Consta de tres partes diferenciadas pero implicadas cualitativamente. El método de la prosopografía -sobre la apoyatura de cuatro clases de documentos: orales, hemerográficos, privados y archivísticos- signa las dos primeras partes de carácter biográfico, en las que se reflejan tres aspectos esenciales: el dintorno biográfico, la trama prosopográfica y la sociología del poder. En el primer apartado se relata la biografía lineal, desde el nacimiento en 1929 a la obtención de la canonjía de penitenciario en 1973. En un segundo momento, se establecen tres vectores esenciales: el de sacerdote renacentista, el del intelectual mecenas y el del hombre de empresa. La tercera parte está orientada a la exégesis de la obra escrita de Castillejo, vertebrada en cuatro espacios: el teológico filosófico, el espiritual antropológico, el ético social y el oratorio didáctico. Éste es el primer acercamiento científico que se lleva a cabo acerca de Miguel Castillejo, sobre el que ha pesado uno de los cometidos cardinales de este siglo: El desarrollo sociocultural y económico de Córdoba y, por extensión, de Andalucía. La coherencia ha marcado una andadura fértil, sobre tres coordenadas claves: La misión ministerial, la actitud intelectual y de mecenazgo y la responsabilidad empresarial de servicio. He pretendido reflejar una situación histórica desde la perspectiva biográfica, analizando el excepcional protagonismo de un hombre que ha marcado capitalmente el último cuarto del siglo XX en Córdoba; interpretando las claves que lo han conducido a ser lo que es; y descubriendo en esta prospección sociología muchas de las coordenadas que determinan el cáracter del pueblo cordobés y algunas de las circunstancias que han motivado y modificado sus planteamientos y actuacione

Los derechos humanos en la vivienda colaborativa

Les experiències d'habitatge col·laboratiu a Espanya, a través de les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús, s'han gestionat sota un marc regulador summament lleuger que condueix a un risc important de vulneració dels drets humans a la igualtat i no discriminació, respecte de la vida privada i familiar i els drets de llibertat (ideològica, religiosa i dexpressió). En aquest estat de coses, resulta transcendental la intervenció legislativa, com el primer poder públic obligat a intervenir mitjançant garanties legals, a fi de conferir una mínima seguretat jurídica de la tinença de l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, així com de prevenir i sancionar la discriminació al seu àmbit. Això com a part del marc general de la responsabilitat de l'Estat de regular i garantir que qualsevol forma de provisió d'habitatge (entre aquestes promogudes per les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús) respecti els drets humans i d'assegurar la disponibilitat d'habitatge assequible, segura i adequada. La tesi doctoral, després d'analitzar la problemàtica, conclou que per prevenir aquestes vulneracions és forçós la regulació legal de les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús, que els permeti als membres actuals i futurs preveure el que pugui esdevenir en les relacions jurídiques compreses en aquest àmbit, i, per tant, els atorgui una protecció mínima i uniforme dels seus drets. Dins dels paràmetres bàsics necessitats de regulació s'identifiquen: els deures i els drets dels socis i de les cooperatives en relació amb l'habitatge; les causes de baixa justificada i expulsió disciplinària; el mandat de prohibició de discriminació i les seues excepcions; la subjecció expressa de les cooperatives d'habitatge al deure d'adaptar els “ajustos raonables” a l'edificació, regles, polítiques o pràctiques cooperatives; el caràcter objectiu dels requisits estatutaris per a ladquisició de la membresía; l'obligació del Consell Rector de motivar les denegacions d'admissió sota consideracions racionals, justificades a l'objecte social i les activitats consubstancials a aquest; entre els més destacables. Així mateix, la tesi doctoral ofereix mesures de propostes facultatives adreçades a les cooperatives d‟habitatge que minimitzen els riscos d‟atribució de responsabilitat per vulneració dels drets humans dels seus membres.Las experiencias de vivienda colaborativa en España, a través de las cooperativas de vivienda en cesión de uso, se han venido gestionando bajo un marco regulatorio sumamente laxo que conduce a un importante riesgo de vulneración de los derechos humanos a la igualdad y no discriminación, respeto de la vida privada y familiar y los derechos de libertad (ideológica, religiosa y de expresión). En este estado de cosas, resulta transcendental la intervención legislativa, como el primer poder público obligado a intervenir mediante garantías legales, a efectos de conferir una mínima seguridad jurídica de la tenencia de la vivienda cooperativa en cesión de uso, así como de prevenir y sancionar la discriminación en su ámbito. Ello como parte del marco general de la responsabilidad del Estado de regular y garantizar que cualquier forma de provisión de vivienda respete los derechos humanos y de asegurar la disponibilidad de vivienda asequible, segura y adecuada. La tesis doctoral, tras analizar la problemática, concluye que para prevenir tales vulneraciones es forzoso la regulación legal de las cooperativas de vivienda en cesión de uso, que les permita a los actuales y futuros miembros prever lo que pueda acontecer en las relaciones jurídicas comprendidas en este ámbito, y, por tanto, les otorgue una mínima y uniforme protección de sus derechos. Dentro de los parámetros básicos necesitados de regulación se identifican: los deberes y derechos de los socios y de las cooperativas en relación con la vivienda; las causas de baja justificada y de expulsión disciplinaria; el mandato de prohibición de discriminación y sus excepciones; la sujeción expresa de las cooperativas de vivienda al deber de adaptar los “ajustes razonables” en la edificación, reglas, políticas o prácticas cooperativas; el carácter objetivo de los requisitos estatutarios para la adquisición de la membresía; la obligación del Consejo Rector de motivar las denegaciones de admisión bajo consideraciones racionales, justificadas en el objeto social y las actividades consustanciales a este; entre los más destacables. Asimismo, la tesis doctoral ofrece medidas de propuestas facultativas dirigidas a las cooperativas de vivienda que minimizan los riesgos de atribución de responsabilidad por vulneración de los derechos humanos de sus miembros.The experiences of collaborative housing in Spain, through the cooperative housing model of cession of use use, have been managed under an extremely light regulatory framework that leads to a significant risk of violation of human rights to equality and non-discrimination, respect private and family life and freedom rights (ideological, religious and expression). For this reason, legislative intervention is transcendental, as the first public power obliged to intervene setting legal guarantees, in order to confer a minimum legal security of the cooperative housing tenure under the legal model of cession of use, as well as to prevent and sanction discrimination in their field. This as part of the general framework of the responsibility of the State to regulate and guarantee that any form of housing provision (including those promoted by housing cooperatives of cession of use) respects human rights and ensures the availability of affordable, safe and adequate housing. The doctoral thesis, after analyzing the problem, concludes that to prevent such violations, the legal regulation of housing cooperatives of cession of use is mandatory, which allows current and future members to anticipate what may happen in the legal relationships included in this area, and, therefore, grant them a minimum and uniform protection of their rights. Among the basic parameters in need of regulation are identified: the duties and rights of members and cooperatives in relation to housing; the causes of justified leave and disciplinary expulsion; the mandate prohibiting discrimination and its exceptions; the express subjection of housing cooperatives to the duty to adapt “reasonable accommodations” in the building, rules, policies or cooperative practices; the objective nature of the statutory requirements for the acquisition of membership; the obligation of the Board of Directors to motivate the denials of admission under rational considerations, justified in the social purpose and the activities inherent to it; among the most notable. Likewise, the doctoral thesis offers measures of optional proposals aimed at housing cooperatives that minimize the risks of attribution of responsibility for violation of the human rights of its members

La protección constitucional del medio ambiente sano en Colombia

[ES] Teniendo como referente la Constitución Política de 1991, el derecho al medio ambiente sano, se distingue al ser considerado como un derecho colectivo de “tercera generación” pues fue el interés del constituyente derivado, en incorporar el aspecto ambiental de manera transversal en el ordenamiento superior, al estar relegado este tema en la Constitución de 1886, siendo indispensable en acatar el compromiso del reconocimiento y protección al derecho a gozar de un medio ambiente sano, asumido en la Conferencia de Estocolmo y posteriormente devino en la Declaración de Río, la necesidad de incluir un modelo de desarrollo sostenible, efectivamente, Colombia entró a la vanguardia de las otras constituciones del mundo al insertar este “nuevo derecho” en más de treinta y cuatro artículos constitucionales lo que según la Sentencia T-411/92, la ha denominado como una “Constitución ecológica, verde o ambiental”, además de ser progresista en sus pronunciamientos. Así las cosas, transitamos dentro del estudio investigativo en un análisis de temas trascendentales como: las categorías de los derechos, aspectos jurídicos legales del desarrollo del medio ambiente, las acciones constitucionales, el activismo judicial de la Corte Constitucional colombiana y luego concluir, con la jurisprudencia constitucional sobre medio ambiente sano en Colombia. Es en este contexto, donde surge el planteamiento: ¿Cómo puede un derecho de tercera generación que ha sido vulnerado y cuya vía procesal son las acciones populares, acudir a través de la acción de tutela para buscar su protección en sede judicial?. Así las cosas, el estado de la cuestión del presente estudio investigativo, se centró en analizar las diferentes tendencias adoptadas en la protección ambiental por la Corte Constitucional desde el periodo comprendido entre el 4 de julio de 1991 hasta el día 4 de agosto 2014, iniciando con la Sentencia T-403/92, y finalizando con la Sentencia T-197/14, dada la delimitación del problema de estudio elegido, que permite identificar los supuestos teóricos y jurídicos directamente relacionados con el objeto de investigación, allí se tomó una muestra representativa de 359 pronunciamientos de esa alta Corporación, enfocando nuestro análisis específicamente en las acciones de tutela, sin dejar de lado, las Sentencias de Constitucionalidad, Sentencias de Unificación y Autos, para lograr identificar cinco líneas jurisprudenciales dentro del medio ambiente sano, cuya fluctuación se dio inicialmente como un derecho fundamental, transitó a la teoría de la conexidad, siguió a tener una doble titularidad de los derechos subjetivos y colectivos, posteriormente acogió de nuevo la fundamentalidad pero bajo la preceptiva de instrumentos internacionales y finalmente indicar, la equivalencia en fundamentalidad de derechos y la transversalidad del medio ambiente con los demás derechos prestacionales

El acogimiento familiar del código vivil en el sistema público de protección de menores

La tesis constituye un análisis crítico de la figura jurídica del acogimiento familiar de menores contemplada en los artículos 172 y ss. del Código civil. Se plantea desde la perspectiva del Sistema público de protección de menores, y en concreto, desde la responsabilidad de la entidad pública que tenga encomendada la protección de menores en su territorio, lo cual implica un cambio de paradigma en la naturaleza jurídica del acogimiento familiar regulado en el Código civil, abandonándose la doctrina civilista tradicional que lo encuadra en el negocio jurídico de familia, para considerarlo un servicio público en sentido estricto, es decir, con publicatio. No obstante, la regulación que el Código civil realiza de esta figura constituye una limitación de la capacidad de autoorganización que posee la Administración pública en la creación y reglamentación de todo servicio público, dado que es el Código civil el que crea y establece los requisitos exigidos a los usuarios, (menores bajo guarda administrativa), el objeto de este servicio (la materialización de la guarda de determinados menores), así como los criterios de acceso al servicio, (declaración de desamparo y consecuente asunción de la tutela administrativa o asunción de la guarda a petición de los progenitores o tutor ordinario).Departamento de Derecho Civi

Hacia la consolidación de la democracia participativa en Colombia: análisis de su evolución y de sus desafíos

Trabajo de investigaciónDespués tres décadas de promulgada la Constitución Política, es imperativo constatar, si en la práctica los mecanismos de participación democrática han logrado los efectos para los que fueron previstos y si el fin de promover la intervención ciudadana en los asuntos que la afectan, se ha materializado o si esos instrumentos han quedado como derechos en el papel, sin que los ciudadanos los hayan podido ejercer de manera efectiva. Esta investigación evidencia el nivel de aplicación real de los mecanismos de participación consagrados en la Constitución, comprobando, mediante el análisis de indicadores, datos y de casos prácticos, si Colombia ha avanzado en la superación de las limitaciones que dificultan el ejercicio real de esos derechos.INTRODUCCIÓN MARCO METODOLÓGICO ESTADO DEL ARTE. SECCIÓN PRIMERA: 1. DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA: UN PROCESO DE ADAPTACIÓN 2. EL MODELO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN COLOMBIA SECCIÓN SEGUNDA: 1. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA EN COLOMBIA CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA ANEXOSMaestríaMagister en Ciencia Polític

THE WELFARE STATE 4.0.

Tesis doctoral en período de exposición públicaDoctorado en Ciencias Económicas, Empresariales y Jurídicas (RD99/11) (8906